Ha pasado más de una década de la vigencia de la ley  de mediación obligatoria en la ciudad de Buenos Aires  y  aún, en algunos, está presente la cultura del litigio. No ha sido suficiente la implementación de la citada ley y las que se han dictado en la mayoría de los estados provinciales  para que litigantes, abogados y jueces comprendan  definitivamente  que los métodos alternativos de resolución de conflictos  son  los más  adecuados  para promover la paz social.

Todavía creen que una sentencia  satisface mejor los intereses de las partes involucradas en un conflicto que el acuerdo a que puedan arribar entre ellas una vez que han  contemplando qué es lo que más le conviene a cada una. Deudores que  sabiendo que indefectiblemente tendrán que cumplir con las obligaciones que han asumido, pudiendo hacerlo,  postergan su cumplimiento sin ningún motivo.

Permítaseme utilizar una expresión poco académica; pero muy descriptiva, que se utiliza en la jerga popular “viven de la bicicleta”; prefieren “no hacer hoy, lo que pueden  dejar para mañana”.

De este proceder no son ajenos algunos abogados que creyendo que favorecen a sus patrocinados  contribuyen a que se prolonguen los litigios, sin  ningún escrúpulo, perjudicando no solo a las partes, sino también desprestigiando la profesión y al mismo sistema jurisdiccional. 

Aprovechan el proceso de mediación como medio para postergar  la resolución del conflicto y entorpecen  la negociación  con el único objeto de concluir en un pleito del que en conciencia  no saben si será  en beneficio o en perjuicio  de su patrocinado.

A su vez, los magistrados,  convencidos  que  en los procesos judiciales se alcanza a descubrir la verdad objetiva de los hechos y que las sentencias garantizan un orden social justo,  desmerecen  a la mediación como instrumento de pacificación, sin advertir que una sentencia conforma a veces solo a uno y otras veces a ninguno, con lo cual se mantienen los enconos y las animosidades; otros, solo la consideran de utilidad para la cuestiones de menor cuantía  en aquellos casos en que  no conviene promover un juicio.

Los primeros -los litigantes- actúan de ese modo a menudo haciendo gala de la mal llamada “viveza criolla”. Me adelanto a decir “mal llamada”  porque los criollos por el contrario son hombres de una sola  palabra,  que cumplen los compromisos sin que los compela  nada escrito.

A los abogados nos ha costado, y nos cuesta,  abdicar de aquello que radica la excelencia de la profesión en tener un amplio dominio del derecho, de modo de vencer a la contraparte, sin medir  el costo humano  de los involucrados. Hay profesionales que, aún en cuestiones de familia, azuzan a su patrocinado como si la contraparte fuese un enemigos acérrimo al que hay que “aplastar”  y hacerle absorber el polvo de la derrota, por el solo hecho de sentirse triunfador y  satisfacer su egolatría.

A veces, adoptan estas actitudes aún en las cuestiones familia  cuando  están en juego otros valores o necesidades, como lo es el alimento y hasta el afecto de los padres a los hijos y de los hijos a los padres.

No  admiten que hay profesionales que están capacitados para  conducir procesos de negociación que permita  a los involucrados que  vayan  descubriendo que existen posibilidades de superar los conflictos que los  aquejan, de modo que  ninguno  se sienta perjudicado y que  el acuerdo al que arriben  sea la mejor  solución para ellos.

Pero, afortunadamente esta no es la única realidad,  también hay muchos abogados que han comprendiendo que antes de llegar a una instancia judicial, es posible arribar a un acuerdo que ponga fin al litigio sin  confrontar con el adversario.

Muchos son los profesionales que saben que se puede defender el honor, la libertad y el patrimonio de las personas recurriendo a los métodos alternativos de resolución de conflictos sin dañar, ni agredir al otro con quien quizá  su patrocinado deba seguir manteniendo una relación.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional  también convencida de la bondad de los métodos alternativos de resolución de conflictos,  dictó un  curso de “Técnicas  de Mediación para Magistrados y Funcionarios Judiciales” que contribuyó a que en algunos tribunales se apliquen técnicas de mediación en las audiencias  de conciliación, contribuyendo a una mejor atención a los litigantes.

Esta es una realidad  alentadora, y lo es, cuando se comprueba  que estos métodos se están  difundiendo  en distintos ámbitos sociales. Hoy la mediación comunitaria presta un servicio a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires,  la mediación educacional  en numerosos colegios  secundarios es un espacio en el que no solo contribuye a que se superen las menudas rencillas entre adolescentes, sino también una escuela  de convivencia y solidaridad; la mediación empresaria,  a través de métodos novedosos  como el  “in house progran”  que con tanta erudición  desarrolló el Prof. Walter Wright en su última visita a la Argentina, se está comenzando a implementar en empresas de nuestro país.

A esto se suma  que otras instituciones, como ha ocurrido con la Asociación Argentina de Compañías de Seguros (AACS),  crean un  nuevo método de resolución de conflictos, como lo es el   “defensor del asegurado”, quien en un procedimiento sumarísimo  debe laudar en los conflictos que le sometan a su consideración.

El asegurado, cuando no está satisfecho con los importes que le ofrecen como indemnización, puede recurrir voluntariamente a este procedimiento cuando el monto de la cobertura sea mayor a $ 2.000 y menor a $ 50.000, con lo cual quedan fuera  numerosos siniestros sin posibilidad de resolverse por este método, fundamentalmente los de poco monto,  que son los que con mayor razón requieren una solución rápida y ágil.

Los que no están contemplados en el sistema  son los damnificados  en los seguros contra terceros,  que en definitiva no son propiamente los asegurados, sino acreedores de alguien que contrató un seguro ante el presunto reclamo que le efectúe quien se considere dañado o perjudicado  por aquél.

Las compañías de seguros  que han adherido al sistema  están obligadas a aceptar la jurisdicción, que se aplica  subsidiariamente al reclamo administrativo que deberá efectuar el asegurado en  la compañía,  como condición previa para recurrir al Defensor del Asegurado.

En un procedimiento informal y por supuesto gratuito que se inicia con la presentación de un escrito que efectúa el asegurado una vez, como se ha dicho,  agotadas las negociaciones y el Defensor, previa obtención de la documentación del caso, debe dictar un laudo en un plazo no mayor de 20 días, que será obligatorio  para ambas partes.

Es requisito indispensable para que se pueda recurrir a esta instancia que el asegurado no haya promovido, ni haya iniciado un trámite de mediación prejudicial, ni un reclamo administrativo, ni promovido una demanda en sede judicial. Ello no impide que el asegurado pueda desistir en cualquier momento del reclamo y optar por la vía jurisdiccional, en cuyo caso, lógicamente el Defensor del Asegurado, deberá abstenerse de  resolver  y deberá archivar las actuaciones.

El ámbito de aplicación de este sistema es amplio, con excepción de los seguros contra terceros, se puede recurrir en los seguros de automotores, integrales de consorcios, integrales de comercio, robo, destrucción de cristales, combinados para establecimientos educativos, incendio, transporte de mercaderías, embarcaciones, seguros técnicos y accidentes personales, con lo cual se evidencia que existe una importante gama de cuestiones que pueden llevarse a consideración del Defensor del Asegurado.

Esta experiencia, además de novedosa, es plausible si el “Defensor del Asegurado”, que es designado por las mismas compañías de seguros, actúa con imparcialidad y es un celoso guardián  del secreto profesional. Comenzó a aplicarse a las pólizas de seguros emitidas o renovadas con posterioridad al 9 de agosto último.